DESINTERES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES

El informe ambiental establece que “las autoridades ambientales hondureñas aún no cuentan con inventarios de emisiones de contaminantes criterio para las ciudades del país, lo cual significa una seria limitación para la toma de decisiones en la materia y la construcción de acuerdos con los sectores clave para adoptar las medidas necesarias”.

La legislación hondureña contempla que “quien contamina paga”, sin embargo, se carece de un reglamento que permita poner en práctica esta norma cuya finalidad es la preservación del ambiente y la salud de las personas.

“Honduras tiene un marco general muy bueno, pero no hay un reglamento sobre las fuentes de contaminación, hace falta trabajar sobre esa reglamentación”, asegura Fernando.
Al parecer, el problema de la contaminación no implica mayores retos para el país, más que la voluntad política para implementarlas.
Se han identificado acciones a corto, mediano y largo plazo, pero todas ellas dependientes de la voluntad de ser consensuadas y aplicadas.

Estas acciones van desde la regulación en la introducción de vehículos con componentes adecuadas para la reducción de la emisión de gases contaminantes hasta las regulaciones para el tratamiento de los contaminantes producidos por los vehículos del transporte público. Esta última medida implica una redistribución de rutas y, además, la restricción en la emisión de permisos de operación, entre otras acciones.